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Se Jura la Constitución Nacional en Santa Fe

Constitución del Congreso Constituyente

El Congreso Constituyente inició sus sesiones preparatorias en la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1852, designando presidente a Facundo Zuviría y vicepresidente a Manuel Leiva, representante de la provincia de Santa Fe junto a Juan Manuel Seguí. Las deliberaciones se iniciaron días más tarde, el 20 de noviembre, en la sede del restaurado Cabildo de Santa Fe. El texto de la Constitución fue aprobado el 1° de mayo de 1853, y la Constitución es jurada el 9 de julio del mismo año.
Urquiza no pudo concurrir a la inauguración debido a la invasión de Entre Ríos por fuerzas porteñas. Pero tanto la lectura del discurso que tenía preparado como las palabras de Facundo Zuviría reflejaron el dolor por la ausencia de la provincia de Buenos Aires, que se aislaba de la historia común que desde la colonización hispánica venían construyendo.
Iniciadas las deliberaciones, pronto surgió claramente la existencia de dos tendencias marcadas. Por un lado, una de carácter más liberal y centralista, conocida como los circuleros, influenciada por las ideas de la Joven Generación del 37, donde se destacan José Benjamín Gorostiaga y Juan María Gutiérrez, efectivos autores de la redacción del anteproyecto constitucional. Por el otro lado, una corriente más localista y tradicionalista, donde participaban viejos federales como Pedro Ferré y Manuel Leiva, así como también Facundo Zuviría, presidente del Congreso.
El primer debate generado en el seno de la Convención se dio sobre la posibilidad de aplazar la sanción de la Constitución, planteo realizado por Facundo Zuviría, quien se opone a ello argumentando que sólo en tiempos de paz se puede tomar real conocimiento de los elementos constitutivos de los pueblos que se pretende organizar con la Carta Magna, entendiendo que ésta debía acomodarse a ellos y no al revés. La contestación provino de los diputados Juan María Gutiérrez y Juan Francisco Seguí principalmente, los cuales señalan el reclamo de los pueblos que representan para que se dicte la misma. Delfín Huergo adhiere a los anteriores fundamentando que las constituciones son muchas veces el resultado y otras la causa del orden moral de las naciones, para terminar, afirmando que en este caso será la Constitución «la que morigere nuestros hábitos y la que eduque a nuestros pueblos», postura que finalmente se impone.
El 18 de abril de 1853 se presenta un proyecto de constitución por parte de la comisión redactora, sobre la base del sistema federal, discutiéndose el mismo hasta el 30 del citado mes. Las principales controversias versaron sobre los problemas de la religión, la libertad de cultos, la capital de la república, el juicio político a los gobernadores, la declaración de los derechos y algunos aspectos impositivos.
 

Estructura de la Constitución

La Carta Magna aprobada consta de un preámbulo y dos partes. En el primero se exponen los propósitos y objetivos que llevaron a la sanción de la misma, así como las metas que se proponen alcanzar, reconociéndose la preexistencia de las provincias respecto a la nación. La primera parte es una declaración general de principios, derechos y garantías para todos los habitantes, sobre la base de la libertad e igualdad, que especifica claramente que se adopta un sistema republicano, representativo y federal. En cuanto a la segunda parte, refiere a las autoridades que se establecen en cada uno de los tres poderes en que se divide el Estado, fijando sus esferas de competencia y los requisitos legales para ejercer las funciones asignadas.
El Poder Ejecutivo es unipersonal y está a cargo de un presidente elegido de modo indirecto por un período de seis años y que no puede ser reelecto en forma inmediata.
El Poder Legislativo es bicameral, con un Senado compuesto por dos representantes de cada provincia y dos por la Capital Federal, y una Cámara de Diputados cuyos miembros son elegidos de modo directo y en proporción al número de habitantes de cada territorio.
En cuanto al Poder Judicial, establece que su ejercicio estará a cargo de una Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales inferiores que el Congreso determine.
Por último, en referencia a las provincias, establece que las mismas se darán su propia Constitución bajo el sistema representativo republicano y que elegirán sus propias autoridades sin intervención del gobierno nacional. Dichas constituciones provinciales deben asegurar su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria.
En cuanto a los antecedentes o fuentes utilizados por los convencionales, hay que señalar a la Constitución de los Estados Unidos, antecedentes normativos nacionales o provinciales, pensadores como Hamilton y Tocqueville y, fundamentalmente, la obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, editada por Juan Bautista Alberdi en 1852 para guía de los mismos.
Posteriormente a la sanción de la Constitución Nacional, el mismo Congreso, funcionando como asamblea legislativa, sanciona la ley de capitalización de Buenos Aires, federalizando la ciudad e invitando al gobierno provincial a aceptar la Constitución, previendo para el caso de rechazo, la instalación de una capital provisoria por parte del Director de la Confederación, entre otras medidas. Finalmente, se procede a la votación de presidente y vicepresidente de la República, siendo elegidos Justo José de Urquiza y Salvador María del Carril.

La Constitución de 1853 y el modelo de la República Liberal

Es a partir de la Constitución de 1853 que se va a implementar el modelo de la República Liberal, inspirado en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. En dicha Carta Magna está el fundamento jurídico y el basamento filosófico de la misma pero también implícitamente un plan de gobierno, un proyecto con connotaciones políticas, económicas y socio–culturales, esbozado por el autor citado.
En cuanto a la concepción filosófica, la misma ubica como cuestión central a la libertad individual, considerada como ausencia de limitaciones jurídicas, y contiene una visión liberal clásica del Estado, al que reduce a una función mínima y sin intervención en el campo económico y social. «Gobernar poco, intervenir menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad», expresa Alberdi en relación al Estado.
Señala el constitucionalista Arturo Sampay que Alberdi separa el campo económico–social del dominio político, definiendo al primero como un ámbito «reservado a las iniciativas libres y apolíticas» y reduciendo al segundo «a las funciones estrictamente indispensables para establecer las condiciones necesarias para el libre juego de los intereses privados».
Con relación al campo económico–social, decía Alberdi que «la constitución contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza por disposiciones terminantes la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra, como principales agentes de la producción y ratifica la ley natural del equilibrio que preside el fenómeno de la distribución de la riqueza». Preguntándose, respecto a la intervención del Estado en dicho ámbito, «¿qué exige la riqueza por parte de la ley para producirse y quedarse?», se responde a sí mismo diciendo: «lo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le hiciera sombra», o sea, un Estado ausente cuyas funciones se resumen en la expresión dejar hacer, dejar pasar.
En lo referente al proyecto o programa que se pretende implementar en este modelo de la República Liberal, y siempre sobre la base del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, es necesario distinguir los aspectos económicos, los políticos y los socio–culturales.
En lo económico, se pretende un desarrollo capitalista que nos incorpore al mercado mundial como vendedor de materias primas y comprador de productos industriales, para lo cual es necesario garantizar las libertades económicas; proteger con iguales derechos a los extranjeros que a los nativos, haciendo lo propio con sus capitales; suprimir los impedimentos de la circulación interna de los productos; y abrir los ríos interiores a la navegación, entre otros. Decía Alberdi que para lograr el progreso económico es necesario que lleguen capitales extranjeros a los que define como «la varilla mágica que debe darnos población, caminos, canales, industria, educación y libertad».
En lo político, el objetivo es una democracia de minorías donde, al decir de Alberdi, para implementar un programa que venza el atraso y la pobreza, «es punto esencial llegar a la supresión de los derechos de la multitud», concediéndole el voto sólo «a la inteligencia y a la fortuna». La elección indirecta del presidente, vicepresidente y senadores nacionales, establecida en la Constitución Nacional, parecería obedecer a ese criterio. Es la república posible, restrictiva en lo político, de la que hablaba Alberdi.
En lo socio–cultural, la idea central es la de europeizar la cultura, lo que en palabras de Alberdi implicaba reemplazar «los hombres y las cosas» de nuestro suelo, «cambiar nuestras gentes, incapaces de libertad, por otras gentes hábiles para ella». De allí su lema: «gobernar es poblar».
En lo socio–cultural, la idea central es la de «europeizar» la cultura, lo que en palabras de Alberdi implicaba reemplazar «los hombres y las cosas» de nuestro suelo.
El historiador Tulio Halperín Donghi manifiesta que el progreso excepcional logrado en esta etapa «es la encarnación en el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser un proyecto formulado en los escritos de algunos argentinos cuya única arma política era su superior clarividencia», en clara referencia a los integrantes de la denominada Generación del 37, quienes consideraban que, «por la posesión de un acervo de ideas y valores», debían convertirse en guías o ideólogos del proyecto de la futura nación pero cuya implementación correspondería a los políticos prácticos.
Esa élite intelectual tiene un acuerdo básico en lo relativo al rumbo futuro, especialmente en la necesidad de que sean ellos los que tracen el plano del país a realizar y luego guíen su edificación. En ese marco existieron diversas propuestas o alternativas, pero, según la opinión del citado historiador, la sencillez y precisión del programa de Alberdi hacen que su proyecto sea adoptado como el más apto para realizar la nueva nación, por lo cual reconoce a las Bases el papel fundacional de la República Liberal. O sea, en el pensamiento alberdiano, la búsqueda de una sociedad más compleja que la moldeada por siglos de atraso colonial, se logrará bajo la dirección de una élite política y económica que contará con la guía de una élite letrada «dispuesta a aceptar un nuevo y más modesto papel de definidora y formuladora de un programa capaz de asegurar —a la vez que un rápido crecimiento económico para el país— la permanente hegemonía y creciente prosperidad de quienes ya tienen el poder», dice Halperín Donghi. Ahora bien, para que se dé ese crecimiento económico necesario para el progreso buscado, se requiere de un contexto político que Alberdi denomina república posible. Esta última tiene un carácter provisional y su finalidad es dar paso a la república verdadera una vez que el país haya adquirido una estructura económica y social comparable a las naciones europeas.
 
CURIOSIDAD
 
Cambiar nuestras gentes
Juan Bautista Alberdi, ideólogo de la Constitución Nacional, sostenía: «No son las leyes las que necesitamos cambiar, son los hombres y las cosas. Necesitamos cambiar nuestras gentes, incapaces de libertad, por otras gentes hábiles para ella… Si hacéis pasar al cholo, al gaucho, unidad elemental de nuestras clases populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de educación, en 100 años no haced de él un obrero inglés que trabaja, vive y consume confortablemente».
Alberdi explica en sus Bases cómo se transita de la república posible a la república verdadera: «por la educación del pueblo, operada mediante la acción civilizadora de la Europa, es decir, por la inmigración, por una legislación civil, comercial y marítima adecuada; por constituciones en armonía con nuestro tiempo y nuestras necesidades; por un sistema de gobierno que secunde la acción de esos medios», agregando que se debe educar en la vida industrial, o sea, mediante el progreso económico y que eso le dará a nuestra población la aptitud «para vencer el grande y oprobioso enemigo de nuestro progreso: el desierto, el atraso material, la naturaleza bruta y primitiva de nuestro continente», para terminar afirmando que «si queremos plantear y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y Estados Unidos… traigamos pedazos vivos de ellos en la costumbre de sus habitantes y radiquémoslas aquí» porque es el único modo que estas tierras, hoy desiertas, «lleguen a ser un mundo opulento en poco tiempo». En igual sentido, Alberdi destaca el rol o función del ferrocarril al que conceptualiza como «la supresión del espacio», señalando que «hará la unidad de la República Argentina mejor que todos los Congresos» y que «son en este siglo lo que los conventos en la Edad Media: cada época tiene un agente de cultura».
Asigna también una importancia fundamental a la libre navegación de los ríos, manifestando que «esos caminos que andan, como decía Pascal, son otro medio de internar la acción civilizadora de la Europa» y que «si queréis que el comercio pueble nuestros desiertos, no matéis el tráfico con aduanas interiores». Para todo, continúa sosteniendo Alberdi, la Constitución «debe reconocer, entre sus grandes fines, la inviolabilidad del derecho de propiedad y la libertad completa de trabajo y de la industria». Por último, se pregunta Alberdi cuál es la Carta Magna que mejor conviene al desierto, respondiendo que es «la que sirve para hacerlo desaparecer; la que sirve para hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible, y se convierta en país poblado», lo cual debe ser el fin central de la Constitución argentina porque en América, «gobernar es poblar», afirmando que «para poblar el desierto, son necesarias dos cosas capitales: abrir la puerta de él para que todos entren y asegurar el bienestar de los que en él penetren», o sea, «la libertad a la puerta y la libertad dentro».
Alberdi destaca el rol del ferrocarril al que conceptualiza como «la supresión del espacio», señalando que «hará la unidad de la República Argentina mejor que todos los Congresos».
El pensamiento de Alberdi en torno a la República Liberal es analizado por distintos autores, atentos a su importancia en el modelo de país que se pretende implementar con la Constitución de 1853. Natalio Botana, en su libro El Orden Conservador, expresa que el autor de Bases es creador de una fórmula prescriptiva que se tradujo en la Constitución de 1853 y que es aquella que «procura conciliar los valores igualitarios de una república abierta a todos con los valores jerárquicos de una república jerárquica, circunscripta a unos pocos… que otorga el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada; limita la participación política del resto de la población; y asegura a todos los habitantes, sin distinción de nacionalidad, el máximo de garantías en orden a su actividad social». O sea, una república abierta en lo social, por un lado, y una república restrictiva en lo político, por el otro. La primera, basada en el valor igualdad, está regida por la libertad civil y en ella tienen cabida todos los habitantes, nacionales y extranjeros, que hagan uso de las garantías consagradas en la Constitución.
La segunda, basada en el valor jerarquía y regida por la libertad política, está circunscripta a unos pocos, otorgando el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada y limitando la participación del resto, integrado por viejos criollos y nuevos inmigrantes, los cuales no participan en la elección de los gobernantes atento a que hicieron mal uso de dicha libertad política, favoreciendo los despotismos populares. Lo anterior está claramente sustentado en expresiones de Alberdi, tales como «estoy libre del fanatismo inexperto, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que sólo saben emplearlas en crear sus tiranos» y «alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio».
Otros autores reflexionan sobre el particular y en todos los casos reconocen al pensamiento de Alberdi, expresado en Bases, como el núcleo fundante de la República Liberal. Por ejemplo, Alan Rouquie lo ubica junto con Sarmiento como los fundadores intelectuales de la misma y los califica como «maestros de la utopía argentina», indicando que pretendieron insertar al país en el concierto de las naciones civilizadas, «trayendo Europa a América» para superar nuestro mal fundamental, el desierto, la extensión no poblada.
Mario Rapoport manifiesta que el cuerpo de ideas de lo que después se llamó el proyecto del 80 se elabora en 1852 y también menciona a Alberdi y Sarmiento como sus autores, imbuidos ambos de una óptica liberal y pugnando por organizar el país con un criterio moderno.
Ya particularizando aspectos del modelo que se propone, Marta Bonaudo y Elida Sonzogni manifiestan que «Alberdi concebía a las mayorías como estigmatizadas por una anomalía esencial» en tanto que «eran incapaces de entender y manejar su soberanía», ante lo cual sugería un usufructo desigual de la libertad, donde todos gozaran de las civiles pero solamente unos pocos de las políticas que sólo correspondía al círculo de los «portadores de razón», círculo que se podía ir ampliando por la educación y el trabajo, concluyendo que para el autor de Bases el gobierno verdadero sólo podía alcanzarse «luego de una etapa previa de acción tutelar». José Pablo Feinmann, en su libro Filosofía y Nación, analiza el proyecto de Alberdi plasmado en la Constitución de 1853 y manifiesta que el mismo, «lejos de significar un punto de integración de la comunidad nacional», expresó «los intereses de una parcialidad que encontraba en su obsecuente maridaje con los poderes extra nacionales, la realización de su destino» y que «integró al país en exterioridad, en tanto entidad colonizable, y acabó por convertirse en instrumento mediador de los intereses colonialistas».
En sintonía con lo anterior, Enrique Groisman, en su artículo denominado La Constitución de 1853. Su ideología, su programa, su aplicación, indica que en el pensamiento que analizamos y mediante la citada Carta Magna, se pretende consagrar un orden burgués que supone que los hombres son iguales ante la ley pero que no reconoce las diferencias económicas existentes entre los mismos, sostenidas por una democracia representativa restrictiva, producto del temor a las expresiones multitudinarias.
A manera de síntesis podemos decir que: a) los constituyentes del 53 se inspiraron en la filosofía del iluminismo liberal, claramente sustentado por Alberdi; b) en dicha concepción, el hombre es un ser libre y autónomo, quedando reducido el Estado a garantizar precisamente la libertad de cada uno; c) el Estado, en consecuencia, no debe intervenir en el campo económico–social, reduciendo su actuación al dominio político; d) el programa previsto en la Constitución de 1853 se propone incorporar la Argentina al desarrollo capitalista liberal, mediante el libre comercio, considerando elemento esencial del mismo el aporte de la inmigración europea, es lo que se llama la república abierta en lo social, que Alberdi expone como parte de la fórmula prescriptiva; e) el medio para lograr ese aspecto sustancial del programa es una república restrictiva en lo político o democracia restringida, que elimine los derechos del voto de la multitud. Es lo que se denomina la república posible.
El programa previsto en la Constitución de 1853 se propone incorporar la Argentina al desarrollo capitalista liberal, mediante el libre comercio, considerando elemento esencial del mismo el aporte de la inmigración europea.

La disputa entre la burguesía porteña y la del litoral

La determinación de cuál será el sector social dominante que implemente el modelo de la República Liberal contemplado en la Constitución de 1853, es la causa de la disputa entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Es el conflicto entre la burguesía ganadera y comercial de Buenos Aires y la burguesía del litoral. En ese camino —que contempla entre otros la batalla de Cepeda en 1859 y el Pacto de San José de Flores—, el problema se dilucida en la batalla de Pavón en 1861 cuando Mitre derrota a Urquiza y la élite porteña se adueña del poder político.
A partir de esa fecha se comienza a ejecutar realmente el modelo de la República Liberal, con un marcado tinte oligárquico. Durante las denominadas presidencias históricas —Mitre, Sarmiento y Avellaneda— se superarán los obstáculos y se colocarán los cimientos que permitirán la plena realización del citado modelo a partir de los años ochenta.
La provincia de Santa Fe no será ajena a este modelo nacional, sino que será parte activa, aunque sus sectores dirigentes harán una traducción propia del mismo.
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